Gracias a las nuevas reformas, desde ahora nuestro perro puede seguir viviendo con nosotros sin problemas, aunque los vecinos amenacen con emprender acciones legales.
De hecho, uno de los principales temas de discusión durante las reuniones de la comunidad de propietarios son precisamente los animales. Algunos se quejan porque el perro del vecino ladra a todas horas, otros están tan intimidados que ya no pueden salir de casa y otros afirman que el olor a orina del gato se percibe desde el rellano.
Lo que parecen justificaciones de una película cómica son, en realidad, los motivos por los que se queja la mayoría de los vecinos de una comunidad.
Es sabido que algunos perros ladran más que otros, del mismo modo que puede haber algo de verdad en las demás razones.
En estos casos, sin embargo, hay que recordar que debemos recurrir primero a las buenas formas, en lugar de gritar a los vecinos y amenazarlos con albóndigas envenenadas y denuncias.
No solo se actúa así contra cualquier ética social y moral, sino que además es inútil. Desde ahora, de hecho, los perros y los gatos se consideran por fin parte integrante de la familia y, como tales, deben ser respetados.
La reforma de la comunidad de propietarios
Los italianos que viven con al menos un perro o un gato son realmente muchos, y cada día aumentan más. Precisamente por eso, también los parlamentarios han sentido la necesidad de regular y proteger su presencia en el hogar mediante una reforma concreta.
El artículo 1138 del Código Civil, relativo al reglamento de la comunidad, fue revisado precisamente en esta dirección, gracias a la inclusión de indicaciones concretas sobre los animales domésticos que viven en casa.
En particular, según las nuevas normas, “las normas del reglamento no pueden prohibir poseer o tener animales domésticos”.
Esto significa que las normas de la comunidad, indispensables en los edificios con más de diez vecinos, deben respetarse, pero también deben tener en cuenta los derechos de cada propietario.
Si la señora Rossi del tercer piso pretendiera obligarnos a alejar a nuestro perro o gato, no podría hacerlo, precisamente porque adoptar un animal es un derecho nuestro.
Pero atención. Esto no significa que seamos libres de sobrepasar los límites del respeto hacia los demás vecinos, y mucho menos los de la convivencia cívica.
Si la señora Rossi no tiene derecho a exigir que nos deshagamos de nuestro animal, al mismo tiempo nos corresponde cumplir las normas de convivencia pacífica.
Por tanto, debemos respetar las demás normas, como las indicadas en la Ordenanza del Ministerio de Salud de 2009, según la cual, para proteger la integridad de las personas y de otros animales, debemos:
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Llevar al perro con correa, con una longitud máxima de 1,5 metros;
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Utilizar el bozal si el perro es especialmente agresivo o pertenece a la categoría de perros considerados de riesgo;
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Utilizar bolsa y pala si el perro hace sus necesidades en la acera o en el suelo compartido;
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Evitar que el gato salga al jardín o a los balcones de otros apartamentos;
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Cuidar de nuestro animal si muestra signos de enfermedad.
Además, las normas de la comunidad tampoco pueden negar al animal el acceso a algunas zonas compartidas del edificio, como el ascensor o el jardín, naturalmente siempre que se respeten las normas mencionadas anteriormente.
Cuáles son las excepciones
Si, por un lado, el Código Civil nos garantiza mayores derechos a nosotros y a nuestro animal, por otro, el Código Penal nos obliga a respetar la norma sobre la tranquilidad pública.
Los vecinos pueden recurrir a la Ley si nuestro perro ladrara de forma continua, especialmente durante las primeras horas de la tarde y por la noche.
En este caso es necesario que el hecho sea comprobado y certificado por la policía municipal o por los encargados de la ASL, mediante un peritaje adecuado que puede presentarse ante el juez de paz.
Al mismo tiempo, los vecinos pueden emprender acciones legales si nuestro perro o nuestro gato se consideran peligrosos desde el punto de vista sanitario. Si el animal no goza de buena salud y existe la posibilidad de que ponga en riesgo la salud de un vecino, este podría solicitar un peritaje de un veterinario de la ASL.
En estos casos, rara vez las autoridades procederán a privarnos de nuestro animal, salvo que se detecte maltrato por nuestra parte. Por ejemplo, si el perro ladrara porque se viera obligado a vivir en el balcón día y noche, la responsabilidad legal sería sin duda nuestra.
¿Y las normas de la comunidad?
Un reglamento legislativo nacional no puede ser invalidado de ningún modo por una norma interna de la comunidad.
A menos que viváis en un apartamento de alquiler y el contrato de arrendamiento prohíba llevar un perro o un gato a casa, nadie podrá obligarnos a alejar a nuestro animal.
Para garantizar una convivencia pacífica dentro de la comunidad no hacen falta grandes medidas. Recordemos siempre que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás.