Han pasado ya dos años desde el cierre del criadero-lager de Green Hill por parte del Cuerpo Forestal del Estado, con la principal acusación de maltrato animal. Ahora llega la condena para todas las personas que habrían estado implicadas en los hechos.
Según los datos recopilados, en el criadero de Montichiari (Brescia), los numerosos Beagle eran utilizados con fines de vivisección, delito que todavía no está reconocido en Italia. Sin embargo, el aspecto que había provocado la indignación de los defensores de los animales y las investigaciones de las autoridades estaba relacionado con las condiciones a las que estos animales eran sometidos.
El número de perros obligados a vivir en condiciones incompatibles con los derechos fundamentales para el bienestar animal es exorbitante. Según las estimaciones oficiales, habrían muerto más de 6.000 Beagle dentro de la instalación en solo 4 años. Los perros que murieron tras el decomiso, a pesar del gran esfuerzo de las asociaciones animalistas, serían en cambio 98.
Un dato impresionante, que desde luego no pasó desapercibido para la opinión pública ni para las autoridades judiciales.
Según lo informado por el fiscal Ambrogio Cassiani, no estaría bajo acusación la experimentación farmacológica mediante la vivisección, sino las condiciones en las que se criaba a los animales.
A los perros enfermos no se les ofrecía ningún tratamiento, para ahorrar el coste de los antibióticos. Simplemente, eran ignorados a la espera de su muerte o sacrificados sin ningún remordimiento.
La batalla de los defensores de los animales había dado lugar a las sospechas sobre Green Hill con el asalto de 2012 al interior del criadero, durante el cual se abrieron sin autorización numerosas jaulas para liberar a los animales.
Durante estos dos años, muchas otras manifestaciones y protestas se centraron precisamente en el destino de los responsables del criadero-lager, y fueron escuchadas y acogidas por las autoridades, hasta llegar a la sentencia definitiva de los últimos días.
Acusados de maltrato animal con resultado de muerte, el gerente Ghislane Rondot y el veterinario Renzo Graziosi fueron condenados a un año y seis meses. El director Roberto Bravi recibió un año, mientras que el cogestor Bernard Gotti fue absuelto por no haber cometido los hechos.
La principal beneficiaria de esta sentencia es la Liga Antivivisección, a cuyo favor se ordenó una indemnización de 30.000 euros por su labor en el cuidado y la adopción de los Beagle decomisados.
Así lo comenta la exministra Michela Brambilla, que desde el principio se implicó en la defensa de los animales: «La sentencia de Brescia es una gran victoria, un logro de extraordinaria importancia: reconoce la existencia de los delitos y, por tanto, el principio según el cual, incluso en un contexto de máxima explotación económica y con fines supuestamente científicos, los animales deben ser respetados y protegidos, como establece la ley».
No faltaron, sin embargo, las protestas de los abogados defensores de los acusados, Luigi Frattini y Enzo Bosio, quienes declararon que “no hubo violaciones y, si no se hubieran respetado algunas normas, solo se aplicaría una sanción administrativa”. Además, señalaron que la decisión de decomisar las instalaciones dejó sin trabajo a 50 empleados del criadero.
En cualquier caso, la noticia representa una importante victoria, que podría constituir el primer paso para lograr finalmente un mayor reconocimiento de los derechos de los animales.
Las asociaciones siguen luchando con fuerza para abolir la práctica de la vivisección.